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Dirigentes de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), la Cámara Marítima de Panamá, gremios del sector marítimo, así como abogados independientes expertos en derecho marítimo, solicitaron al presidente de la república, Laurentino Cortizo, la sanción de la Ley de Cabotaje, durante el Foro sobre la “Proyecto de Ley 598 de 2021”, organizado por la Asamblea Nacional, pues aseguraron que es el elemento faltante en la estrategia marítima nacional y establecerá los mecanismos para promover el desarrollo sostenible de esta importante  industria en el país.

El abogado ambientalista, Harley Mitchel señaló que este proyecto es un eslabón importante que es compatible con todos los convenios y acuerdos internacionales suscrito por Panamá con otros países, entre los que se incluyen los firmados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También agregó que con este se homologa las normativas de protección de los mares panameños, así como disposiciones que ayudan a la industria marítima a generar cambios que promueven el crecimiento sostenible de la industria marítima local, lo que será de provecho para toda la población.

Mitchel indicó que el sector marítimo se mantiene vigilante del resultado que salga de la presidencia de la república con el proceso de sanción de esta ley. “El proyecto 598 puede considerarse como parte del activismo nacional, que ha permitido que nuestro país recupere no solo el Canal de Panamá sino el control de sus propias aguas, que por años han estado en manos extranjeras”.

El proyecto de ley 598, propuesto por el Órgano Ejecutivo, fue aprobado el 20 de octubre pasado, con el aval y consenso de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, sin embargo, recientemente, se conoció que el Ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, envió una nota a la Presidencia de la Republica, donde pide el veto parcial de la ley amparándose y citando supuestos acuerdos y convenios suscritos con otros países.

El abogado internacionalista, Francisco Carreira indicó que Panamá no tiene ningún tratado que diga que se debe permitir que extranjeros vengan a Panamá o que los panameños puedan ir a esos países, eso no existe ni siquiera en los tratados de libre comercio, porque hay reservas dentro de esas normas y una de esas reservas fundamental, en el caso panameño, es el tema marítimo y en segundo lugar, el de cabotaje.

“No entiendo cuál es la posición del Ministerio de Comercio porque ellos firmaron este proyecto desde el inicio y lo suscribieron y en ningún momento manifestaron esto… este es un acto totalmente ilegal pues la ley no permite que una vez la Asamblea aprueba una normativa, luego se convierta la presidencia de la república en otro lugar para debatir lo que ya se aprobó”, apuntó el jurista.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Armadores Panameños, Rodrigo Hernández resaltó que como armadores confían que al final del camino imperaran los intereses de la nación sobre el de cualquier país extranjero y se podrá desarrollar y administrar todo el potencial que tiene esta industria, con una ley que marcará un precedente en el sector y que fomentará la inversión local, generará mayores plazas de empleos y acabará con la competencia desleal que está afectando no solo al sector, sino a todos el país que no recibe los beneficios reales que genera esta industria.

Ley de Cabotaje clave para el desarrollo del sector

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement resaltó que Panamá necesita una legislación que aporte reglas claras, que beneficiaran al país para complementar así, lo que aporta el sistema portuario y marítimo, pues actualmente Panamá no cuenta con una ley que ayude a tener esa tranquilidad que se requiere y que por el contrario suman al país, a la lista de países como Bolivia y Paraguay que por su posición geográfica es entendible que no tengan una ley de cabotaje.

Juan Diego Reyna, de la Asociación de Armadores Panameños señaló que Panamá requiere de normas del juego justas al igual que el 80% de todos los países de la región. Explicó que con esta ley se garantiza la introducción a incentivos y acceso al financiamiento naval lo que brinda seguridad jurídica y potenciará el acceso que tienen los armadores panameños a esa banca; adicional a eso, se introducen disposiciones para el mantenimiento, reparación y construcción naval en Panamá y todo lo que es desarrollo de tecnologías que vayan en beneficio del medioambiente. “Esta ley actualiza una industria marítima auxiliar con mejores reglas del juego lo que incluso la hará más atractiva para la inversión extranjera directa y para que todos los servicios que se prestan aquí dejen el mayor circulante para Panamá”, apuntó.