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La aprobación en tercer debate de la ley de cabotaje promueve la inversión local, regula de manera integral una industria que estaba desprotegida y en completa desventaja para los nacionales y establecerá controles para el manejo de las especies náufragas y naves abandonadas que se han convertido en un problema para el país, ante la falta de una legislación.

 El proyecto 598, que fue aprobado el pasado 20 de octubre en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, solo está a la espera de la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo y además de regular el cabotaje y las actividades de comercio interior; también incluye un procedimiento de inspección para las naves de servicio interior, registradas en la marina mercante panameña y de servicio internacional, que estén operando en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.

Esta Ley dará a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la potestad de regular todo lo concerniente a las especies náufragas y permite la creación de un fondo, fiscalizado por la Contraloría General, que estará dirigido a solventar los costos de custodios, mantenimiento, manejo de imprevistos y emergencias, prevención de procesos de contaminación y cualquier otro gasto que se estimen convenientes de naves declaradas con especies náufragas, las cuales representan un grave peligro para la navegación y el medio marino.

Este proyecto, además, brinda estabilidad a la mano de obra panameña al establecer que el 90% de los trabajadores que presten servicios marítimos auxiliares en el país deberán ser nacionales panameños. Además, establece que las naves que brinden estos servicios, en las aguas jurisdiccionales de Panamá, deberán estar registrados bajo bandera panameña.

Con esta nueva ley Panamá, se une a más del 80% de los países costeros registrados en la Organización de las Naciones Unidas, que ya cuentan con leyes de cabotaje que regulan y protegen su industria marítima local, para potenciar su crecimiento y desarrollo.