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Director ejecutivo de Arpa denuncia intereses de algunos sectores de beneficiar estado de anarquía de empresas extranjeras.

La discusión en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley 598 con el que se busca regular el Cabotaje y las actividades de Comercio Interior en la República de Panamá, ha provocado el descontento de algunos sectores vinculado a empresas extranjeras que tienen intereses particulares de seguir beneficiándose del estado de anarquía y competencia desleal en que se encuentra la industria marítima auxiliar panameña.

El director ejecutivo de la Asociación de Armadores Panameños, José Digerónimo señaló que no es un secreto de que existen algunos abogados y diplomáticos panameños que hacen lobby  y ejercen presión a favor de a las grandes empresas extranjeras, cuyo objetivo es que se siga manteniendo el actual “status quo” que les permite desarrollar todas las actividades de cabotaje sin ningún tipo de regulación, ni control  en detrimento no solo de la industria panameña, sino de la economía del país entero, pues esta es una actividad que genera ingresos, renta neta  y empleos para el país.

Digerónimo también se refirió a las declaraciones dadas por Carlos González de la Lastra, en un foro empresarial, señalando que cuenta con información totalmente desactualizada y lejos de la realidad actual del sector, ya que todo el movimiento comercial que la actividad de cabotaje, servicio de bunkering, transporte de carga, atención de derrames, entre otras, según un estudio realizado por el reconocido economista Rubén Lachman, antes de su fallecimiento, representan alrededor de 2 billones de dólares para el país, en los 38 puertos que hay en el país.

“El verdadero problema para el país es la falta de una Ley de Cabotaje que regule y ordene el sector, que le permita al Estado tener control sobre sus aguas nacionales y que se pueda desarrollar esta industria tal y como lo han hecho Estados Unidos y países de Europa y Asia”, apuntó.

Agregó que esta normativa también le permitirá a la Autoridad Marítima de Panamá implementar sanciones y manejar el tema de las especies naufragas, pues muchas de estas empresas foráneas no pagan impuestos, ya que vienen al país a desarrollar la actividad pero no dejan ni un centavo y no generan empleos;  aunado a ello, si ocurre algún derrame o accidente con sus naves, son los panameños los que tienen que hacer las labores de limpieza y tratar de resarcir los daños, muchas veces “irreparables”, que ese tipo de incidentes ocasiona al país.

“Es momento de que los panameños se pongan los pantalones largos, al igual que como lo hicimos con el Canal de Panamá y le demostremos al mundo que estamos preparados y que tenemos toda la capacidad para desarrollar y administrar nuestros recursos costeros y nuestra industria marítima auxiliar, consolidándonos como líderes de la región en este sector”, sentenció Digerónimo.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de los países costeros cuentan con leyes de cabotaje para proteger y regular su industria local. En el continente americano, los únicos países que no cuentan con una ley de cabotaje son Panamá, Surinam, Bolivia y Paraguay.